Documental sobre la lucha de los trabajadores de Coca Cola, Fuenlabrada

En enero de 2014, Coca-Cola Iberian Partners, fusión de las 7 embotelladoras españolas, acordó eliminar una de las fábricas mas rentables del país, la planta de Coca-cola Fuenlabrada (Madrid), al amparo de la Reforma Laboral. Una resolución que desencadenaría un largo conflicto, con cientos de familias implicadas, y todavia sin resolver.

Un documental de Georgina Cisquella y Pere Joan Ventura

Coca-Cola explota y mata derechos legítimos de sus trabajadores/as

 

Todos estos meses sin cobrar ni un céntimo en una clara estrategia empresarial de cargarse la lucha obrera, pasándose por el forro a la justicia, imponiendo su ley imperial y putrefacta, siempre por encima de los derechos laborales y la legislación vigente.

Por Francisco González Tejera

 

Cuando una multinacional se convierte en un nido de víboras presentando un ERE en las siete embotelladoras españolas que existían hasta enero de 2014, demuestra su insensibilidad, falta de respeto y metodología carroñera, vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras afectados/as, que llevan sufriendo toda una tortura laboral inducida por esta morralla con sede central en los Estados Unidos, cargándose las vidas de miles de familias desde una marca que presume de original, progresista y liberal en su vergonzosa y manipulada publicidad.

Dicho cierre de cuatro plantas productivas españolas y la destrucción directa de 1.253 empleos directos, además de los indirectos, que pueden llegar a más de 1.000 familias, ha generado una lucha heroica en Madrid en defensa de los puestos de trabajo y de la industria, una acción sindical con un campamento de 15 meses de batalla por la dignidad y los derechos laborales que ha cruzado fronteras, que eriza la piel de las millones de personas de buena voluntad que seguimos creyendo en la democracia, los derechos humanos y la libertad.

Una clara vulneración legal cometida por la hipócrita empresa de “la chispa de la vida”, que fue constatada por el Informe de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, donde un grupo de inspectores desarrollaron un trabajo exhaustivo y profundo, desvelando todo tipo de irregularidades por parte de la patronal, hechos ratificados de forma contundente por la Audiencia Nacional, que el 13 de junio del pasado año y en una sentencia declaraba nulo el ERE y la nulidad de los 821 despidos, condenando a la readmisión de cada persona despedida.

Actualmente la patronal se niega a ejecutar y acatar la justicia española, incumpliendo cada plazo y el contenido, dejando a los/as trabajadores/as sin prestaciones de desempleo y salarios de tramitación desde el 30 de octubre de 2014.

Todos estos meses sin cobrar ni un céntimo en una clara estrategia empresarial de cargarse la lucha obrera, pasándose por el forro a la justicia, imponiendo su ley imperial y putrefacta, siempre por encima de los derechos laborales y la legislación vigente.

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